
La posesión provisional, recientemente reconocida como un derecho real por la Ley N. 14.620/2023, tiene impactos significativos en la administración pública y el mercado inmobiliario. Este cambio fortalece la seguridad jurídica en los procesos de expropiación y ocupación administrativa, al tiempo que impone nuevos desafíos regulatorios y de gestión patrimonial. Este artículo analiza la evolución de este instituto, sus impactos en la administración pública y sus repercusiones en el sector inmobiliario, considerando las nuevas disposiciones legales y jurisprudenciales.
La posesión provisional siempre ha sido un instituto relevante en el derecho administrativo y civil, especialmente en situaciones de expropiación y concesión del uso de bienes públicos.
Sin embargo, su inclusión formal como derecho real en el Código Civil introduce innovaciones en la relación entre las autoridades públicas y los particulares, aumentando su seguridad jurídica y previsibilidad.
1. Concepto y Evolución de la Posesión Provisional
La posesión provisional permite que el gobierno o ciertas entidades privadas posean temporalmente un bien antes de completar un proceso definitivo de adquisición. Su aplicación ocurre principalmente en expropiaciones por utilidad pública y en la concesión del uso de terrenos para proyectos de interés social.
Con la Ley N. 14.620/2023, la posesión provisional ahora es reconocida como un derecho real, proporcionando una protección más sólida para el ocupante temporal y regulando mejor su uso.
2. Impactos en la Administración Pública
El cambio legislativo tiene implicaciones directas para la gestión pública, ya que:
Mejora la seguridad jurídica para proyectos de infraestructura y obras públicas;
Reduce el riesgo de disputas sobre la posesión de bienes en procesos de expropiación;
Requiere una planificación más detallada de las políticas de reasentamiento e indemnización.
Estos factores hacen que el instituto sea más atractivo para la administración pública, mientras que también exigen una mayor transparencia y control sobre su uso.
3. Repercusiones en el Mercado Inmobiliario
La posesión provisional también afecta al mercado inmobiliario, en particular para:
Empresas involucradas en concesiones y asociaciones público-privadas;
Inversionistas que requieren seguridad en cuanto al uso de bienes;
Propiedades afectadas por proyectos de interés público, que pueden ver cambios en su valor debido a la anticipación de la posesión.
La inclusión de la posesión provisional como un derecho real también puede facilitar oportunidades de financiamiento y proporcionar mayor previsibilidad para el sector.
4. Desafíos y Controversias
A pesar de sus beneficios, la nueva legislación presenta desafíos, tales como:
Compatibilizar con los derechos de los propietarios expropiados;
Supervisar el uso adecuado de la posesión provisional;
El riesgo de litigios sobre la indemnización y los criterios para su aplicación.
Estos aspectos requieren un equilibrio entre los intereses públicos y privados, asegurando que la nueva regulación se aplique de manera justa y eficiente.
Conclusión
El reconocimiento de la posesión provisional como un derecho real representa un avance significativo para el derecho inmobiliario y administrativo. Si bien proporciona una mayor seguridad jurídica tanto para entidades públicas como privadas, también introduce nuevos desafíos regulatorios y operacionales.
Su implementación exitosa dependerá de la interpretación jurisprudencial y de la alineación entre los diversos actores involucrados en el sector.